La Minería y su relación con las Políticas Mexicanas

Desde hace algunos años hemos sido testigos que la Minería ha tomado un papel importante en la participación nacional del PIB; el crecimiento sostenido del precio de los metales desde el 2006 a la fecha ha sido tangible rompiendo con los ciclos de 10 años en los que se acostumbraba a medirlos, impactando en las actividades de exploración y explotación minera.

El alza de los precios de los metales preciosos (oro y plata) principalmente, sumado a lo atractivo que era nuestro país, en materia fiscal y de recuperación de inversión en la exploración, hizo que las empresas nacionales y extranjeras buscaran invertir en nuestro país. La Minería alcanzó proporciones importantes en el país hasta desbancar al Turismo en la participación empresarial del PIB. A partir de ese momento la Minería despertó el interés de los congresos locales y federales por aumentar la tributación fiscal.

Fue durante el 2013 que se creó La Ley Federal de Derechos para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros mejor conocido como “Fondo Minero” (actualmente desaparecido por el Senado de la República, pero no así su captación) donde se aplica un 7.5% antes de impuestos, y se agrega un impuesto especial del 0.5% (después de ventas) por la enajenación del oro, plata o platino. Iniciando así una aparente “guerra” contra la Minería. Posteriormente, durante el sexenio pasado, cuando se crean las “Reformas Estructurales” donde se desaparece la opción de recuperar la inversión de exploración minera realizada en el año, se modifican las leyes del IMSS (no pudiendo deducir esta prestación), restricción en la deducibilidad fiscal de los activos, aumento de pagos de los pasivos, aumento de pagos de predial, servicios básicos, etc. Y por otro lado, en las leyes ambientales se aplican “Fondos Forestales”, se adicionan reformas a dichas leyes, y otras más que en su redacción misma crean controversias en su aplicabilidad pero que la Industria Minera ha sorteado cumpliendo a cabalidad y excediendo dichos requerimientos.

La carga fiscal actual de la Minería es de aprox. un 54% en materia federal, y un adicional de 10% en materia estatal. Sin embargo, el mismo Gobierno Federal ha declarado en múltiples ocasiones que la Minería no paga impuestos, que saquean la riqueza mineral, que despoja a los pobladores originales de sus tierras, y que los pagos salariales son bajos (sugiriendo una explotación laboral). La lista es extensa para mencionar, pero lo anterior nos da la idea de cómo, a pesar de los números fiscales y participación tanto en el PIB como en el PIB Industrial, se sataniza a la Minería.

Las siguientes líneas son de mi personal opinión: a pesar de las medidas que la Minería realiza en materia ambiental, con creaciones de Unidades de Medio Ambiente (UMA), Zoológicos, Jardines Botánicos, cuidado y reproducción de flora y fauna en peligro de extinción o protegidas, se siguen escuchando voces desde los escaños de los Congresos Locales y Federales, y en el Senado, así como de vocalistas de grupos musicales, y de Congresos organizados por Universidades (específicamente de Facultades que nada tienen que ver con la Minería, Geología, Metalurgia, o Ambiental) que denotan una falta de conocimiento asombroso de estas actividades; y de la misma forma, denostan y denigran a la Minería. El resultado es obvio, enardecer a la población en contra de la actividad minera; y generar áreas para oportunistas políticos, y de puestos de Gobierno.

Un ejemplo claro en el estado de Zacatecas, en el 2014, fue la propuesta de crear un: “Área Natural Protegida para el Semidesierto Zacatecano” donde se pretendía “proteger” el 34% del territorio zacatecano (2.577 Millones de hectáreas), y donde no se proveía el manejo de áreas núcleo ni de áreas de amortiguamiento, por el contrario, era un reporte en detalle de las actividades mineras antes de los 1980’s donde predominó la actividad de gambusinos y pequeños mineros, y donde la ley ambiental en materia minera era muy pobre. Un punto importante a destacar es la contradicción que existe entre el Estudio Previo Justificativo y el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), cuya modificación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012, marca el norte de Zacatecas y parte de estados colindantes con vocación principalmente minera y ganadera; lo cual en el antes mencionado estudio no sólo no se considera, sino que se omite sabiendo que la vocación de suelo es de los principales factores que determinan si un territorio puede o no convertirse en Área Natural Protegida. Desde el 2007, las leyes de SEMARNAT y PROFEPA, se endurecieron, y sentaron las bases de lo que en la actualidad es una Minería Verde, sustentable y amigable con el medioambiente. Por eso, la propuesta de Área Natural Protegida, tenía todos los tintes de afectar a la Minería, y no de protección al medioambiente.

En el 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas, en los inicios de su Quinquenio, y a falta de presupuesto para aplicar sus programas en el estado, propone generar los “Impuestos Ecológicos” para captar impuestos. Cuestión que generó una controversia constitucional con el Gobierno Federal, quien es el único que puede recaudar en materia fiscal. Dichos “Impuestos Ecológicos”, en la propuesta del Gobierno Estatal, no especificaban la remediación ecológica, sino sólo recaudatoria. Y que continúa siendo controversial su aplicabilidad.

Recientemente, en el estado de Zacatecas, el Congreso Local realizó un “Foro de Parlamento Abierto sobre Minería”, aparentemente a fin de analizar los alcances e implicaciones que tendría la iniciativa de Punto de Acuerdo para que se decrete como Área Natural Protegida al Municipio de Mazapil, ignorando lo aquí expuesto históricamente.

Por otro lado, a pesar que las empresas mineras hacen del conocimiento de los Gobiernos estatales de sus inversiones futuras en materia de exploración o explotación minera, exponer los cuidados ambientales, la derrama económica, los apoyos a las comunidades, la creación de empleos, y los acuerdos para trabajar en el lugar de interés; es cuestión que con sólo la manifestación de pocas personas, manipuladas por opositores políticos o de interés político, para que cierren temporalmente las actividades mineras bajo pretextar que se abusa de ellos y de los recursos naturales, pero no exhiben los acuerdos previos de ellos mismos con las empresas mineras, las cuales tomaron años para convenir, y de haber sido revisadas por dependencias de gobierno municipal, estatal y federal para asegurar que cumplían dichos convenios con toda la normatividad existente.

Todo lo anterior expuesto manifiesta abiertamente que la Minería necesita ser reconocida por todos los niveles de Gobierno por su compromiso ambiental, laboral, de derrama económica y de infraestructura, con una certeza jurídica para las inversiones, y sobretodo, de una protección ante los abusos de grupos que no solo paralizan las actividades mineras sino la tributación fiscal, apoyos, sueldos y pagos a proveedores, por esa falta de actividad. Capítulo aparte de que las leyes deben de proteger a tan importante actividad industrial, que para el estado de Zacatecas llega a ser hasta un 30% de la tributación del estado; 2.4% del PIB Nacional, y 8.2% del PIB Industrial.

El compromiso debe ser de ambas partes: Gobierno e Industria.