24 Jul 2020 Cuarta Revolución Industrial
Por Francisco Quiroga
“Tenemos hoy la oportunidad de elevar miras y reconocernos cada uno como factores indispensables del éxito de todos, hacer las paces entre nosotros y con la sociedad mexicana, acordar ciertas premisas de colaboración y recuperar la competitividad que asegure la consolidación de la minería mexicana en la cuarta revolución industrial”.
Pregúntale a un cliente qué quiere y lo más probable es que te responda que un menor precio y una entrega más rápida. Deja que esta dinámica domine la relación entre ambos y muy pronto parecerá más tu adversario que compañero de cadena de valor.
Una estrategia es reconocerse como un “socio” de nuestros compañeros de cadena para que nos vaya bien a todos y a cada uno de nosotros. Para esto hay que identificar los eslabones clave con quienes se tiene que hacer el compromiso de colaborar. Con ellos se deben acordar ciertos valores y premisas de trabajo -lo que se vale y lo que no se vale en el esfuerzo conjunto-, el diagnóstico del entorno, los retos y oportunidades para la cadena en su conjunto y para cada eslabón en particular y las iniciativas que nos proyecten hacia el futuro.
En política pública, el enfoque es necesariamente más general, pero en esencia no muy diferente. En el caso de la minería mexicana, tenemos claridad en cuanto a la importancia del financiamiento, el entorno regulatorio, la carga fiscal, las condiciones de seguridad, la estabilidad laboral y la licencia social.
Cada operación minera debe poder dar a sus inversionistas seguridades sobre su viabilidad económica con cierto grado de confiabilidad, para lo cual necesita tener claro sus obligaciones normativas, una carga fiscal competitiva y acotados los riesgos de discontinuidad operativa por huelgas, bloqueos y conflictos con las comunidades anfitrionas.
Una parte sustancial de la sociedad mexicana tiene reservas fundadas sobre la minería como actividad económica. Hay suficientes ejemplos de accidentes que se pudieron haber evitado; que terminaron costando la vida de trabajadores y contaminando el entorno de las comunidades anfitrionas.
Dado que los reguladores derivan de un gobierno que representa a la sociedad y es reflejo de la misma, no sorprende que tales entes promuevan resultados acordes con la sensibilidad general. Es por esto importante llegar a un diálogo público y consolidar compromisos sobre las condiciones en las que se debe hacer la minería para recibir la bienvenida, apoyo y protección por parte del Estado Mexicano.
Lo primero es el compromiso de la seguridad. El objetivo de “cero fatalidades” implica que cada accidente serio se considera un fracaso operativo y de política pública. En tiempos de Covid-19, este compromiso tiene el corolario de que la actividad minera debe resultar en menos fatalidades que sin ella, lo cual requiere de medidas de prevención en el trabajo y la comunidad, así como el reforzamiento de las capacidades de atención médica locales.
El segundo compromiso es con el medio ambiente. El objetivo de dejar los sitios en mejores condiciones -ambientalmente hablando- que como se encontraron, excluye cualquier derrame de presas, deslave de depósitos, filtraciones a mantos acuíferos, además de requerir programas de restauración de sitios agotados.
El tercer compromiso es el de no generar conflictos sociales. Este es un reto particularmente difícil, ya que involucra el factor humano que resiente el cambio por sí mismo -el que algunos, pero no todos, mejoren su situación o que algunos reciban un beneficio sin merecerlo-. Las alternativas de estrategia son muchas, pero todas incluyen transparencia en las acciones, apertura y honestidad en la comunicación y entendimiento e involucramiento en las necesidades y aspiraciones de la comunidad.
El cuarto compromiso es el de cumplir con las obligaciones normativas, especialmente con las tributarias. Es importante considerar que cada autoridad fiscal tiene ciertas expectativas de la contribución que deben hacer las empresas. Y que no alcanzar sus objetivos recaudatorios puede generar problemas para las compañías con estrategias fiscales más agresivas.
Estos compromisos de desempeño deben ser correspondidos por los reguladores en la forma de permisos sencillos y expeditos, carga fiscal estable y competitiva y una protección eficaz en materia de seguridad y aplicación del estado de derecho.
Los trabajadores y sus representantes deben participar no sólo en los esfuerzos de seguridad y salud en el trabajo, sino también en los de competitividad, innovación y continuidad operativa. Las comunidades anfitrionas y sus representantes no pueden simplemente emitir una licencia social, sino que deben involucrarse activa y explícitamente en la cadena de suministro local y generar un entorno seguro y amigable para el desarrollo del negocio.
La viabilidad económica y social de la minería en México dependerá de las actitudes y decisiones de inversionistas, directivos de empresa, dirigentes sindicales, líderes sociales y políticos, reguladores, fuerzas del orden, académicos, entre otros.
Ha habido momentos en los que el relacionamiento entre compañeros de cadena ha sido dominado por las dinámicas transaccionales en las que uno gana lo que el otro pierde. Cuando la estrategia ha sido debilitar al de enfrente para prevalecer en la micro-negociación en turno, todos hemos perdido.
Tenemos hoy la oportunidad de elevar miras y reconocernos cada uno como factores indispensables del éxito de todos, hacer las paces entre nosotros y con la sociedad mexicana, acordar ciertas premisas de colaboración y recuperar la competitividad que asegure la consolidación de la minería mexicana en la cuarta revolución industrial.